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CONTEXTO

Brian Kyed

 

El análisis de las condiciones de contexto incluyó la definición de una línea de tiempo con el fin de correlacionar el ritmo y ejecución del proyecto con los hechos que han marcado el devenir de la implementación del acuerdo de paz, estableciéndose tres dimensiones  para recopilar los hechos que fueron organizados cronológicamente:

 

Tendencias de contexto

 

Hechos e hitos del proceso de implementación del acuerdo de paz

 

Hechos e hitos del programa

 

Tener una visión amplia, de conjunto y  relacionar los tiempos de implementación del proyecto con las situaciones sobresalientes del proceso de paz ayudó a definir ciertos análisis concluyentes del contexto para entender los cambios mismos del programa.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Uno de los elementos novedosos del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado Colombiano y las FARC-EP fue el concepto fuerza de la paz territorial. Como componente esencial, se esperaba que las comunidades contribuyeran activamente en la construcción de paz, tratando de aportar al desarme de la vida cotidiana y sumado a este descomunal esfuerzo, el Estado con una lógica territorial, tendría el deber y la responsabilidad de promover la institucionalización integral de programas de mejoramiento del bienestar social, con la intención reducir los factores sociales y económicos que dieron origen al último ciclo de guerra en Colombia.  Esto, en concreto, comprometía gruesos esfuerzos en política pública para transformar de manera estructural las condiciones materiales en las regiones del país más azotadas por la confrontación armada.  

La paz territorial implicaba, desde lo señalado en el Acuerdo, el fortalecimiento de capacidades institucionales en la prestación de servicios públicos, satisfacción de necesidades básicas, cumplimiento de derechos contemplado en el marco legal y empoderamiento de la sociedad civil, desde la participación y garantías, sustentado en un giro interpretativo de la  política pública a nivel de desarrollo territorial y paz.

La herramienta diseñada desde el Acuerdo para activar el compromiso y la participación comunitaria materializando los mecanismos de construcción de la paz territorial, eran los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), instrumento de planificación participativa encargado de promover la inclusión para que, las comunidades afectadas por la violencia, se les permitiera planificar desde sus necesidades e intereses la transición hacia el postconflicto. En el 2017, con el desarrollo de la implementación del Acuerdo de Paz y bajo Decreto 893 del 2017, se priorizaron 170 municipios agrupados en 16 subregiones, para la puesta en marcha del mecanismo. 

Esta orientación política y de administración pública, tenía la imperiosa necesidad de restablecer una especie de copamiento  o migración institucional a las zonas en que su presencia estuvo ausente por años y que fueron controladas ampliamente por la guerrilla de las FARC.  Varios investigadores, como Alejo Vargas o Alfredo Molano, señalaron en el 2017 y 2018 que el mayor reto para el Estado en el posacuerdo era el rescate civil de los territorios antes gobernados por las insurgencias y grupos armados. Ese vacío, no llenado con institucionalidad estatal promotora de mejores condiciones sociales, económicas, políticas y de democracia, llevaría indefectiblemente a la disputa por los territorios y por la hegemonía sobre el negocio ilegal del narcotráfico. Y esto al parecer es un vaticinio cumplido que está sucediendo. Nuevos ciclos y patrones de violencia se presentan hoy en día con alarmantes cifras de asesinato de líderes, lideresas y exguerrilleros, de reclutamiento forzado, de militarización de los territorios, de confinamientos y desplazamientos, de masacres, de persecución y amenazas.

 

El proyecto Tejiendo Caminos, implementado entre 2018 y 2021, incorporó en su lógica de intervención,  la necesidad de acompañar y promover las capacidades de la sociedad civil en 5 municipios de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Cauca, para participar activamente en las dinámicas de construcción de la paz territorial, con un aporte esencial desde la difusión de las culturas de paz y el refuerzo de la ética pública. Los 5 municipios de intervención son municipios priorizados por los PDETS y un efecto esperado del Proyecto era acompañar y activar las dinámicas de participación de sectores históricamente excluidos en el diseño territorial y propiciar la cualificación política y técnica de ese proceso.

Pese a todas las complejidades y dificultades presentadas desde el año 2017 con la puesta en marcha del Acuerdo, evidenciadas en las serias limitaciones de consolidación de la arquitectura institucional nacional y local para materializar cada uno de los puntos acordados,  el sentimiento generalizado de esperanza al respecto de la paz territorial se mantenía. Persistía la idea, en las regiones más afectadas por la guerra, que el Acuerdo era un instrumento fundamental para desencadenar las reformas necesarias que transformaran paulatinamente las condiciones estructurales que promovieron el conflicto social y armado en vastas regiones del país. Sin embargo, las limitaciones en la implementación del acuerdo para finales del 2017 y el cambio de prioridades del gobierno de Ivan Duque Marquez, quién asume la presidencia en el 2018, fracturan de manera seria la posibilidad de una alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad civil, inclusión e integración territorial,  tal como lo había definido Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado de Paz al referirse al proceso de promoción de la paz territorial.

Desde el primer momento, el gobierno de Iván Duque, se mostró hostil a dar continuidad a la implementación del Acuerdo y transformó institucionalmente el espíritu de lo acordado, dando un vuelco a la integralidad del acuerdo y centrando sus prioridades desde el marco de la política de “Paz con Legalidad” en el proceso de reincorporación desde los y las firmantes de la paz, con un rasgo distintivo al privilegiar una visión de reintegración, construida desde la desmovilización de las autodefensas, sobre la perspectiva de reincorporación integral que estaba definida en el Acuerdo. Esa priorización de agenda, condenó a los otros puntos del Acuerdo Final, a una felonía que despojó a muchas regiones, hasta el momento, de la posibilidad de construcción concreta de la paz territorial. 

Adicional a los tropiezos que ha padecido el Acuerdo de Paz en materia de cortapisas institucionales, se suma un aumento sistemático de la violencia política con el incremento de asesinatos contra líderes y lideresas sociales y exguerrilleros en proceso de reincorporación que desde la firma del acuerdo hasta julio de 2021 ha sumado la perturbadora cifra de 1.219 personas, incluyendo los más de 280 excombatientes ultimados. Los departamentos de Caquetá, Putumayo y Cauca, son sin lugar a dudas, epicentros de esta nueva reconfiguración territorial del conflicto, caracterizado por una disputa de baja intensidad por el territorio y el control de economías legales e ilegales. La característica sobresaliente de los nuevos conflictos y de los nuevos grupos, como lo señala Francisco Gutierrez Sanín, es la fragmentación de territorio controlados por diversos grupos armados que ya saben pelear, que ya tienen recursos y las destrezas para sobrevivir, cada uno acomodado en su propio nicho. Estos grupos sólo hablan un lenguaje local, no requiere ni necesita uno nacional,  con una amplia red de contactos, de control social y capacidad alta de corromper a la institucionalidad local, permitiéndoles desplegar su poder con fuerza en el territorio y enfrentar a sus adversarios.

A este complejo panorama se suma la expansión planetaria a principios del año 2020 del virus Covid 19, declarado como pandemia en el mes de abril de ese mismo año. Los 5 municipios de intervención no fueron ajenos a los insospechados efectos de las medidas de aislamiento y distanciamiento social promulgadas por el gobierno nacional para hacer frente a tal situación. Como consecuencias se generó una profunda crisis económica y de producción, con la pérdida de empleos, el incremento de la informalidad, afectaciones drásticas a la seguridad alimentaria, al incremento de la violencia intrafamiliar y a la evidencia de la aguda desigualdad existente en Colombia.

 

Los cambios radicales sucedidos por la pandemia en la vida, el relacionamiento y la economía de las personas fue el embrión de un estallido social que nace de la oposición ciudadana a la presentación por parte del gobierno de Iván Duque de la ley de reforma tributaria. Como florero de Llorente, esta ley volcó a las calles la voz y el descontento de miles y miles de colombianos y colombianas en las ciudades y municipios rurales en el mes de abril de 2021. Configurado como paro nacional, la movilización social es reprimida con fuerza desproporcionada por las autoridades de policía y se prolonga por más de dos meses de agitación y movilización. Esta coyuntura también marcó drásticamente las condiciones territoriales.

En síntesis, el contexto vivido en los años de implementación del programa que van del 2017 al 2021 muestran cuatro grandes tendencias:

  1. El incumplimiento comprobado del Acuerdo Final de Paz y el retroceso paulatino de los procesos de construcción de paz territorial.

  2. La reconfiguración territorial de la violencia y el conflicto desencadenan nuevos ciclos de violencia.

  3. Profundización de las afectaciones sociales, económicas, culturales y de garantía de derechos producto de la pandemia del covid 19.

  4. Estallido social que constata el descontento generalizado con años de mal gobierno y las omisiones del Estado colombiano por proveer bienestar y garantía de derechos a sus ciudadanos y ciudadanas.

Estas cuatro tendencias construyeron un contexto particular que modificó radicalmente  el escenario de intervención del proyecto desde el año 2018.  El proyecto fue implementado en los tres años más convulsos de la historia reciente del país, con hechos y situaciones difíciles de prever con grados altos de afectación al curso de la acción. El diseño del proyecto pensado para el posconflicto, fue ejecutado en un nuevo ambiente de “calentamiento” de la situación de orden público, entremezclado con las afectaciones socioeconómicas de la pandemia, las limitaciones de encuentro y movilidad así como una cresta en aumento del estallido social.

VARIACIONES DEL CONTEXTO

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2018

Presencia internacional y de cooperación para el acompañamiento a la paz territorial

Promoción de la participación social en el marco de la implementación del acuerdo.

Esperanza comunitaria en la transformación de factores estructurales generadores por conflicto social y armado.

Puesta en marcha de infraestructura institucional de la implementación del acuerdo.

Reconfiguración y disputa territorial de nuevos grupos armados.

Aparecen con  fuerza nuevas estructuras de  disidencias.

Desde el 2017 empiezan los ejercicios de diseño de PDETs con alta participación y expectativa.

Se empiezan a constatar los incumplimientos del acuerdo de paz.

Elección presidencial de Iván Duque y de Senado y Cámara.

Mafe Matera

 
 

TENDENCIAS

La firma del Acuerdo Final de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, desató un diverso espectro de sentimiento ciudadanos, oscilantes entre el apoyo decidido al proceso, hasta la oposición férrea e intransigente de algunos sectores. Esta puja entre sentimientos de favorabilidad y oposición al acuerdo han marcado desde el 2016 el escenario político a nivel nacional y local, con evidentes efectos en la idea mayoritaria de construir un ambiente favorable a la paz y una movilización activa de respaldo y presión social pública que transforme la tradición recurrente de tramitación de los conflictos de manera violenta y militarizada. 

 

Se evidenció en el curso de las decisiones institucionales tomadas por las instancias del Estado un claro cambio en la doctrina de política sobre la paz con la llegada del nuevo gobierno en el 2018. Si bien, desde el principio se presentaron retrasos e incumplimientos en la construcción de la arquitectura para desarrollar los puntos del acuerdo, la nueva política de paz con legalidad del gobierno de Iván Duque, puso freno a puntos claves del acuerdo decisivos para la transformación estructural de los territorios. El efecto en los territorios y comunidades del cambio de prioridades institucionales ha traído consigo un nuevo proceso de militarización del territorio, aplazamiento de las políticas de desarrollo socioeconómico para la paz y la reconfiguración del conflicto armado.   

 

Proyecto fue ejecutado en un periodo de tiempo coincidente con las elecciones presidenciales del 2018 y las elecciones regionales del 2019, con cambios de mandatarios y virajes en los programas de gobierno en torno a la paz y con un mapa político de dirigentes locales con compromisos tenues con la implementación del acuerdo y la construcción de paz. Incluso, la rotación de personal y el cambio en la prioridad de las políticas de paz alteraron las formas y procesos de incidencia contemplados en el proyecto. En el escenario de mediano plazo, esta concreta realidad entre una política nacional asincrónica, con políticas territoriales de paz puede establecer una correlación que profundice la pelea política y la polarización, dejando debilitados los consensos generales en favor de una idea conjunta y colectiva sobre el camino para alcanzar la paz que debe recorrer Colombia como nación. 

 

Se asiste a un incremento sostenido y exponencial de la reconfiguración del conflicto armado en los territorios que habían sido teatro de operaciones de la guerra entre el Estado y las Farc. Viejos actores de la confrontación se han revitalizado como el Ejército de Liberación Nacional, las autodefensas Gaitanistas y bandas organizadas del narcotráfico como la Costru, el Clan del Golfo y los Caparros, así como han proliferado las disidencias de las Farc en departamentos como el Meta, Putumayo, Guaviare, Cauca, Nariño, Caquetá, Huila y Chocó y en la región del bajo Cauca y Catatumbo. Un común denominador de esta recomposición, es la disputa por el control territorial y las economías ilegales, principalmente el narcotráfico.  Como marcas trágicas esto ha supuesto a nivel local el incremento de violaciones a los derechos humanos y el asesinato de líderes, lideresas y firmantes de la paz. También, se ve con preocupación la pasividad del gobierno para responder asertivamente al incremento de los indicadores de violencia y la reactivación paulatina de la idea del enemigo interno y ha privilegiado su presencia territorial desde el fortalecimiento de las fuerzas armadas 

 

En los últimos cuatro años se asiste a un incremento de los asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos y a excombatientes firmantes del acuerdo. Según datos de Indepaz, desde la firma del acuerdo han asesinado a más de 1.100 líderes y lideresas sociales, 280 excombatientes en proceso de reincorporación, con más de 60 masacres perpetradas en lo corrido del 2020, 67 masacres y más de 30.000 personas desplazadas por la fuerza. Estos indicadores, se muestran incontenibles afectando ciertamente el tejido organizativo y la respuesta ciudadana en favor de la paz. 

 

Un factor inesperado e impensable modificó drásticamente el contexto local, nacional y mundial. La declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud a principios del 2020 de la pandemia mundial, debido a la expansión del contagioso virus Covid 19, llevó a que en la mayoría de los países se promovieron confinamientos obligatorios y restricciones a la movilidad de las y los ciudadanos. Las decisiones de los gobiernos de restringir la movilidad han puesto en evidencia las precarias condiciones económicas en que viven un amplio conjunto de la población colombiana, activando al mismo tiempo una crisis económica y sanitaria sin precedentes. 

 

Se vislumbra un incremento de la movilización social de variado orden, que desarrolla dinámicas de protesta en varias partes del país, con reivindicaciones y diversas exigencias pero todas con un denominador común, el descontento social producto del mal gobierno a nivel nacional y regional, la inequidad social y la corrupción.  Esta dinamización de la propuesta, tiene como antecedentes las protestas urbanas del 21 de noviembre y la movilización indígena de la Minga del 2019. Con amplios apoyos y respaldo por parte de la población colombiana, también ha visto quedar atrapada su justificación y utilidad en el debate en torno al vandalismo y la instrumentalización de grupos armados de la protesta, narrativa promovida por el conjunto del establecimiento. Se prevé un fuerte esfuerzo por deslegitimar la razón de ser de la movilización incorporando altas dosis de estigmatización y, ante la desatención del descontento social, no se vislumbran al mediano plazo alternativas de resolución. 

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1. Jaramillo, S. (2015). La Paz Territorial. Conferencia dictada en la Universidad de Harvard el 13 de marzo. Recuperado de Oficia de Alto comisionado para la paz, en: http://www.interaktive-demokratie.org/files/downloads/La-Paz-Territorial.pdf

2. http://www.indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/

3. Gutiérrez Sanín, F (2021).¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?.Ed Debate. Bogotá. p 192 - 193.